El proceso judicial contra el suboficial Carlos Gustavo Perrota (50), declarado autor penalmente responsable de abuso sexual simple en contexto de violencia de género, entró en su recta final. Durante la audiencia de cesura de pena realizada en los tribunales locales, la procuradora Luciana Coppini solicitó al juez Alejandro Rosales que se le imponga una condena de dos años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El magistrado anunció que dará a conocer la sentencia definitiva el próximo 16 de septiembre.
El hecho investigado ocurrió en abril de 2025 en las instalaciones de la Comisaría de Sarmiento —ubicada sobre la avenida San Martín y la avenida Ingeniero Coronel—, cuando el imputado desplegó conductas inapropiadas contra una empleada policial frente al resto de sus compañeros en la zona de la cuadra. La investigación estuvo a cargo de la procuradora Coppini y la funcionaria Tamara Bernardi, con la asistencia técnica del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVD).
Los argumentos y las agravantes analizadas por la Fiscalía
Para fundamentar el pedido punitivo, el Ministerio Público Fiscal ponderó una serie de agravantes que incrementan el reproche penal sobre la conducta del efectivo:
- El ámbito de comisión: El ultraje ocurrió dentro de una dependencia policial, un espacio destinado precisamente a la protección y prevención del delito.
- Exhibición pública: El ilícito fue cometido frente a los pares de la víctima, potenciando la humillación y el hostigamiento.
- Extensión del daño: Se valoró el profundo impacto emocional, la vergüenza y el sometimiento público que experimentó la denunciante.
- Jerarquía e instrucción: La fiscalía desestimó el argumento de la defensa, que intentó encuadrar el episodio como una “broma pesada”, remarcando que un suboficial con trayectoria no puede desconocer las normativas sobre género y violencia institucional.
- Obstrucción: Los testimonios confirmaron que Perrota intentó en reiteradas oportunidades disuadir a la víctima para que no formalizara la denuncia.
Como único factor atenuante, la acusación reconoció que el condenado carece de antecedentes penales computables. En paralelo, Coppini requirió estrictas reglas de conducta por el plazo de tres años, que incluyen la prohibición absoluta de contacto con la víctima, la obligación de realizar un curso de capacitación en género y someterse a una evaluación profesional para determinar la necesidad de asistencia psicológica.
La postura de la defensa y próximos pasos
Por su parte, el defensor particular Enrique Paredes solicitó al estrado que se aplique el mínimo legal previsto para la escala penal del delito y rechazó enfáticamente el pedido fiscal de inhabilitación especial perpetua.
Con los alegatos de las partes concluidos, el juez Alejandro Rosales pasó a un cuarto intermedio y fijó para el próximo 16 de septiembre la lectura íntegra de la sentencia que definirá la sanción para el efectivo policial.
¿Adónde denunciar y recibir asistencia?
Las víctimas de violencia de género o delitos contra la integridad sexual cuentan con espacios de contención y vías de denuncia habilitadas:
- Comisaría de la Mujer (atención las 24 hs):
- Dirección: Ormachea N° 15
- Teléfono fijo: (297) 4892104
- Celular de servicio: (297) 6245605
- Fiscalía (lunes a viernes de 07:00 a 13:00):
- Dirección: Avenida Ingeniero Coronel N° 556
- Teléfonos fijos: (297) 4897676 / 4893716
- Celular de guardia: (297) 4136155
