La Legislatura comienza a debatir la emergencia hídrica por un año en Chubut

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo será analizado desde este miércoles en comisión. La iniciativa busca acelerar obras y contrataciones ante la disminución de lluvias, nieve y caudales, con especial atención sobre las cuencas de los ríos Chubut y Senguer.

La Legislatura del Chubut comenzará este miércoles 5 de agosto el tratamiento en comisión del proyecto que propone declarar la emergencia hídrica en toda la provincia durante doce meses.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Ignacio Torres y plantea otorgar herramientas extraordinarias al Estado para responder a la sequía, acelerar obras prioritarias y aplicar mecanismos excepcionales de contratación destinados a garantizar el acceso al agua.

El proyecto todavía no es ley. Primero deberá atravesar la discusión en comisión y luego ser sometido a votación. Por esa razón, las facultades especiales previstas no se encuentran vigentes hasta que exista una sanción y la correspondiente promulgación.

La propuesta se apoya en informes técnicos del Instituto Provincial del Agua. Los documentos advierten una disminución sostenida de las precipitaciones de lluvia y nieve y una reducción de los caudales en las principales cuencas provinciales.

Entre las referencias incorporadas figura la estación hidrométrica de Los Altares, donde los derrames anuales de 2025 fueron hasta un 77% inferiores a los valores históricos. También se señala que el ingreso de agua al embalse Florentino Ameghino durante el último ciclo resultó insuficiente para cubrir simultáneamente las necesidades de consumo humano, riego, producción y sostenimiento ambiental.

Para Sarmiento, el debate tiene especial importancia por su ubicación dentro de la cuenca del río Senguer y por la dependencia de ese sistema para el abastecimiento urbano, la producción agropecuaria y el mantenimiento de los lagos Musters y Colhué Huapi.

Una declaración provincial podría facilitar la ejecución de trabajos y la asignación de recursos, pero no reemplaza las responsabilidades municipales, de COOPSAR ni de los organismos encargados de administrar y controlar el agua. Tampoco habilita por sí sola cambios tarifarios en los servicios locales.

Durante el tratamiento legislativo será necesario conocer qué obras serán declaradas prioritarias, cuáles serán los mecanismos de contratación, qué controles se aplicarán y cómo se distribuirán los recursos entre las diferentes cuencas y localidades.

La emergencia propuesta también busca responder a los efectos de la sequía sobre la producción agropecuaria, los sistemas de riego y el riesgo de incendios. Si el proyecto avanza, su aplicación deberá estar acompañada por información pública periódica sobre obras, contrataciones, plazos y resultados.

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