El diputado nacional chubutense Juan Pablo Luque se sumó a una presentación formal realizada ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) para solicitar que se abra una investigación sobre las principales billeteras digitales y financieras no bancarias que operan en el país. El pedido busca determinar si estas plataformas incurren en prácticas anticompetitivas, abuso de posición dominante y cobro de tasas abusivas.
La iniciativa, impulsada por legisladores del bloque Peronismo Federal, apunta a firmas de peso en el ecosistema digital —como Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay, Prex, Cocos, Claro Pay y AstroPay— frente al marcado incremento del endeudamiento familiar registrado a través de créditos de consumo.
Ejes centrales del pedido de investigación
- Tasas y costos de financiamiento: Los parlamentarios advierten sobre posibles Infracciones a la Ley de Defensa de la Competencia y a la Ley de Defensa del Consumidor, señalando que los costos financieros totales (CFT) y las tasas aplicadas por estas aplicaciones podrían violar los límites establecidos por la normativa vigente.
- Uso de algoritmos y morosidad: La presentación exige la realización de pericias técnicas sobre los algoritmos utilizados por las empresas para evaluar el perfil crediticio de los usuarios y otorgar préstamos de acceso inmediato.
- Protección de asignaciones sociales: El planteo solicita poner foco en la vulnerabilidad de sectores de bajos ingresos y beneficiarios de ayuda estatal que cobran o gestionan sus haberes en billeteras virtuales, expuestos a esquemas de débito automático o cobros recurrentes a tasas elevadas.
- Condiciones del mercado: Se solicitó verificar si el funcionamiento de estas plataformas digitales genera un escenario de competencia desleal frente a las entidades bancarias tradicionales y si se incurre en un abuso del derecho en la fijación unilateral de comisiones y cargos.
Con la presentación ingresada, la Autoridad Nacional de la Competencia deberá evaluar la apertura de la instrucción formal para requerir informes técnicos a las compañías involucradas, al Banco Central y a los organismos de fiscalización de consumo.
