La Secretaría de Trabajo aplicó el marco legal vigente para frenar el paro docente y priorizar el derecho a la educación de los alumnos. Las partes fueron citadas a negociar en mayo.
La Secretaría de Trabajo de la Provincia oficializó el uso de las herramientas legales para asegurar que las escuelas chubutenses mantengan sus puertas abiertas durante la jornada de mañana. A través del dictado de la conciliación obligatoria, el Estado busca evitar que se profundice la distancia entre los gremios y el Ministerio de Educación. El objetivo central de esta medida administrativa es que los estudiantes no pierdan días de actividad en las aulas mientras se dirimen las diferencias sectoriales.
Esta decisión se apoya estrictamente en los procedimientos de la Ley X N° 15, que otorga al Gobierno la facultad de intervenir para encauzar los conflictos mediante el diálogo formal. La resolución firmada por la Dra. Caren Lloyd establece un periodo de quince días hábiles en los que el conflicto debe quedar en pausa. De esta manera, se busca que las entidades sindicales y las autoridades educativas encuentren un punto de equilibrio sin afectar el normal desenvolvimiento del ciclo lectivo.
La prioridad del dictamen reside en la protección del sistema escolar y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Según el documento oficial, la medida es necesaria para asegurar el “derecho a la educación de raigambre constitucional” de todos los habitantes de la provincia. La Secretaría entiende que la continuidad pedagógica es un valor superior que debe ser resguardado por las autoridades en situaciones de tensión gremial.
Los sindicatos ATECH, AMET, SITRAED y UDA habían comunicado inicialmente una medida de fuerza por 24 horas debido a reclamos relacionados con la pauta salarial. Los representantes de los trabajadores sostienen que existe una “insuficiente propuesta de actualización” y un atraso en los haberes del sector. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la conciliación, estas demandas deberán ser discutidas en una mesa técnica sin recurrir al cese de actividades.
El mecanismo legal impone a ambas partes la obligación de “retrotraer el estado de las cosas al momento anterior al conflicto” para facilitar el acercamiento. Esto significa que los gremios deben deponer las acciones directas y el Ministerio de Educación no puede aplicar ningún tipo de sanción disciplinaria. Es un período de tregua jurídica que garantiza la paz social en los establecimientos educativos de toda la provincia.
La resolución también incluye una cláusula que advierte sobre las consecuencias de no respetar la conciliación establecida. En caso de que no se cumpla con la prestación habitual de tareas, la autoridad laboral está facultada para tramitar sanciones ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación. Este paso administrativo es parte del protocolo habitual que asegura que las decisiones de la Secretaría de Trabajo tengan vigencia real y efectiva.
Para el Gobierno provincial, resulta razonable y ajustado a derecho dictar esta medida ante la pluralidad de intereses en juego. Se busca “evitar perjuicios a los habitantes de la provincia” y generar un espacio de debate que sea constructivo para ambas partes. La intención es que las discusiones por el presupuesto educativo y los sueldos se den dentro de los canales institucionales previstos por la ley.
La resolución administrativa también exhorta a los gremialistas y a los funcionarios a arbitrar medidas que permitan encontrar puntos de entendimiento rápidamente. El texto oficial busca promover que el diálogo sea la herramienta exclusiva para resolver el “atraso salarial”. Se espera que durante las próximas dos semanas se produzcan intercambios que eviten nuevas interrupciones en el calendario escolar.
El proceso se debre realizar hasta el próximo miércoles 06 de mayo de 2026 a las 10:00 hs, cuando las partes se encuentren en Rawson. La audiencia final se llevará a cabo en la sede central de la Secretaría de Trabajo, ubicada en la calle Pedro Martínez N° 153. Será la primera oportunidad formal para que el Ministerio y los cuatro sindicatos acerquen posiciones bajo la tutela del Estado provincial.
