La Ley III N.º 58 establece criterios comunes para que niños y adolescentes separados transitoriamente de su familia puedan permanecer en un entorno familiar. La medida involucra a equipos provinciales, municipios, Justicia y organizaciones comunitarias.
El Gobierno del Chubut presentó este martes la reglamentación del Programa Provincial de Familias Solidarias, una política de cuidado temporal destinada a niños y adolescentes que, por decisión judicial y ante situaciones excepcionales, deben ser separados transitoriamente de su grupo familiar.
La jornada fue organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano y reunió a representantes de la Defensa Pública, Servicios de Protección de Derechos, equipos técnicos municipales, iglesias y organizaciones de la sociedad civil.
La reglamentación de la Ley III N.º 58 fija lineamientos técnicos y operativos para aplicar el programa en todo el territorio. El objetivo es evitar internaciones prolongadas en instituciones y ofrecer un entorno familiar seguro mientras se trabaja sobre la situación que originó la medida de protección.
El acogimiento es temporal y no constituye una adopción. Siempre que las condiciones lo permitan, los equipos deben promover la Re vinculación con la familia de origen. Cuando eso no resulte posible y exista una resolución judicial, podrá iniciarse el procedimiento correspondiente para una adopción.
La nueva reglamentación define el papel de los equipos técnicos, la articulación entre la Provincia y los municipios, la utilización del Registro Único Nominal y los requisitos que deberán cumplir quienes
quieran integrar el sistema.
La ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, señaló que la intención es establecer criterios comunes y ampliar la red de familias disponibles. También destacó la necesidad de acompañar a los municipios que ya desarrollan experiencias de acogimiento.
En Sarmiento, la aplicación requerirá coordinación entre el Servicio de Protección de Derechos, las áreas sociales municipales, Salud, Educación y el Poder Judicial. Las familias participantes deben recibir evaluación, capacitación y acompañamiento profesional durante todo el proceso.
El programa no habilita entregas directas ni acuerdos particulares entre adultos. Toda medida de acogimiento debe ser dispuesta y supervisada por los organismos competentes, con prioridad en el interés superior y los derechos del niño o adolescente.
La presentación provincial representa el inicio de una etapa operativa. Resta conocer cómo se implementará la convocatoria en cada localidad, qué equipos estarán disponibles para evaluar a las familias y cuáles serán los canales oficiales para solicitar información.
