Buenos Aires — El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante el juez federal Ariel Lijo un extenso escrito de 78 páginas para responder a la investigación sobre la evolución de su patrimonio comprendida entre diciembre de 2023 y junio de 2026. En su descargo, la defensa detalló el origen de los fondos bajo la lupa y aseguró que el capital provino de operaciones con criptomonedas realizadas años antes de asumir cargos públicos.
La ruta de los dólares: criptomonedas y efectivo fuera del banco
El eje central de la presentación judicial gira en torno a una suma de US$591.544,61. Según el documento aportado, ese dinero fue obtenido por la venta de criptoactivos (principalmente Bitcoin) entre 2017 y 2018.
La defensa explicó que las transacciones se concretaron mediante encuentros personales con compradores —bajo reserva de identidad— a cambio de dinero en efectivo. Tras esas operaciones, los dólares obtenidos fueron conservados fuera del sistema bancario y guardados en su domicilio junto a su esposa, Bettina Angeletti.
En este tramo del escrito se destaca una de las frases centrales del descargo, en la que se argumenta que ambos optaron deliberadamente por “vivir como si no los tuviera”, priorizando el ahorro y la prudencia patrimonial frente a la inestabilidad económica, con el fin de destinar esos recursos a largo plazo para la educación de sus hijos y su jubilación.
Evolución de los ahorros y destino de los fondos
El detalle presentado ante la Justicia marca cómo fue disminuyendo esa tenencia de efectivo a lo largo de los años debido a gastos y conversión de activos:
- Cierre de 2022: US$565.000
- Cierre de 2023: US$513.000
- Cierre de 2024: US$388.961,52
- Cierre de 2025: US$209.961,52
Como destino de esa reducción, la defensa indicó la adquisición y posterior refacción de una vivienda en el barrio Indio Cuá, además de la compra de un departamento ubicado en la calle Miró 550, decisiones que justificaron en motivos familiares y de seguridad.
La “brecha residual” entre ingresos y gastos
El informe también abordó la diferencia detectada por la fiscalía entre los ingresos y los gastos del grupo familiar durante el período investigado. Mientras que el organismo acusador calculó ingresos por $229.752.283,20 y erogaciones por $272.820.832,20 (arrojando una diferencia de más de $43 millones), los abogados defensores calificaron la cifra como una “brecha residual”.
Según el planteo, esta diferencia podrá ser subsanada y reducida a medida que se incorporen a la causa diversas partidas que todavía no fueron conciliadas. Con esta presentación formal, el juez Lijo y los equipos técnicos evaluarán la documentación y las explicaciones provistas sobre los fondos en criptomonedas y los movimientos patrimoniales.
