A través del Decreto 875/2026, el Poder Ejecutivo puso en marcha la reglamentación de la Ley 27.801. La normativa establece la responsabilidad penal a partir de los 14 años y dispone la creación de un Comité Interministerial y una Mesa Federal para coordinar su implementación con las provincias.
El Gobierno nacional oficializó la reglamentación del nuevo Régimen Penal Juvenil mediante la publicación del Decreto 875/2026 en el Boletín Oficial. La normativa, amparada en la Ley 27.801, establece el marco legal aplicable a los adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por la comisión de delitos, fijando como ejes centrales la responsabilidad legal, la educación, la resocialización y la asistencia integral tanto a los jóvenes como a las víctimas.
El Ministerio de Justicia de la Nación fue designado como la autoridad de aplicación del régimen en las jurisdicciones nacional y federal. Tras cumplirse el plazo de 180 días desde la promulgación de la ley en marzo pasado, el decreto reglamentario entró en vigencia de manera conjunta con el texto legal de origen.
Articulación del sistema: Comités e integración federal
Para asegurar una implementación coordinada en todo el territorio argentino, el decreto dispone la creación de dos organismos clave dentro de la estructura del Ministerio de Justicia:
- Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil: Funcionará como un dispositivo permanente interinstitucional para elaborar lineamientos comunes de prevención, abordaje y reinserción social. Este espacio coordinará las políticas públicas entre el Ministerio de Justicia y representantes de las carteras de Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud.
- Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil: Se constituirá como un ámbito de trabajo continuo entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su meta principal es armonizar los criterios procesales y técnicos entre las distintas jurisdicciones, promover convenios de colaboración e intercambiar estadísticas y buenas prácticas. Asimismo, prevé la participación de representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General y la Defensoría General de la Nación.
Con estas medidas, el Poder Ejecutivo busca garantizar una infraestructura administrativa y judicial que sostenga el seguimiento continuo de los menores involucrados en procesos penales, garantizando los mecanismos de reinserción requeridos por la Ley 27.801.
